Mientras la corporación canadiense Barrick Gold se apronta a iniciar la construcción de la mina Pascua Lama en Argentina y Chile, activistas de este último país exigen una "moratoria minera" para que se investiguen supuestas irregularidades cometidas en la aprobación del proyecto.
La oposición ciudadana a Pascua Lama se reactivó con fuerza el 7 de este mes, cuando la trasnacional anunció simultáneamente en Toronto, Santiago y Buenos Aires que tenía los permisos necesarios para iniciar la construcción de la mina en la frontera chileno-argentina, lo que podría concretarse en septiembre, cuando comience la primavera austral, o inclusive antes.Hace algunas semanas, los gobiernos de Chile y Argentina, que aprobaron el proyecto desde el punto de vista ambiental en 2006 y 2007, respectivamente, alcanzaron un acuerdo en torno a la fórmula de tributación de la empresa. A esta difícil negociación bilateral Barrick atribuía toda la demora en el comienzo de los trabajos.
La noticia de la construcción de la mina encendió alertas de los activistas. Pero el hecho que terminó por irritarlos fue la participación del ministro de Minería de Chile, Santiago González, en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la información.
En esa oportunidad, el secretario de Estado declaró que Pascua Lama "tiene una gran importancia" para el gobierno, puesto que será el primer proyecto minero binacional del mundo y el primero que se ejecuta en el marco del cuestionado tratado sobre integración y complementación minera, suscrito por Chile y Argentina en 1997.
Similar discurso formuló la presidenta argentina Cristina Fernández, que recibió a los ejecutivos de Barrick en la Casa Rosada, sede del gobierno.
Pero cinco días después, el 12 de este mes, el director general de Aguas de Chile, Rodrigo Weisner, abrió la polémica al señalar que ese organismo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, todavía estaba analizando dos permisos necesarios para iniciar las obras.
En una entrevista con IPS por correo electrónico, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick Sudamérica, Rodrigo Jiménez, señaló que la empresa cuenta con los "permisos de construcción claves" que "le permiten comenzar a asignar contratos y a movilizarse para el desarrollo de infraestructura".
Para cuando empiece la construcción "a gran escala", en septiembre o antes, la empresa tiene previsto contar con las autorizaciones aún en trámite, especificó.
Para los opositores a Pascua Lama, este confuso escenario es la última de las múltiples irregularidades del proceso de evaluación y aprobación de este proyecto, que requerirá una inversión de entre 2.800 y 3.000 millones de dólares.
El yacimiento de oro y plata, que se explotará a cielo abierto, se ubica en la cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Setenta y cinco por ciento del mineral está en la norteña región chilena de Atacama y el resto en la noroccidental provincia argentina de San Juan.
Hace años que se oponen al proyecto organizaciones ecologistas, habitantes del chileno Valle del Huasco, representantes de la Iglesia Católica, indígenas diaguitas que reivindican como propio el terreno de la mina y activistas nacionales y extranjeros.
Su principal temor es el eventual daño a los tres glaciares existentes en la zona y la contaminación de los cursos de agua cordilleranos que nutren al agrícola Valle del Huasco, el único del norte de Chile que aún no ha sido intervenido por la gran minería, dicen.
Desde su perspectiva, la crisis hídrica que sufre el desértico norte es responsabilidad de la descontrolada expansión minera privada de las últimas dos décadas.
Chile otorgó en 2006 el permiso ambiental para construir la mina. Argentina hizo lo propio al año siguiente. Tras ello, la empresa sometió a evaluación otras partes complementarias del proyecto.
Según los opositores a Pascua Lama, esto implicó que la iniciativa nunca fue evaluada integralmente, sino de forma fragmentada, lo que impide dimensionar su real impacto. Además, denuncian, muchos aspectos fueron modificados sobre la marcha, pasando por alto la legislación ambiental.
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