Elena Varela, detenida mientras realizaba un documental sobre la lucha de los mapuche

La Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) encabezada por su presidenta Viviana Erpel, junto a los destacados realizadores Francisco Gedda e Ignacio Agüero, y Martín Rodríguez, presidente de la Asociación de Guionistas y Directores, exigieron al gobierno que todas las filmaciones de la encarcelada documentalista Elena Varela sean eliminadas como medios de prueba judiciales y devueltas a sus autores. En conferencia de prensa realizada en la sede del Sindicato de Técnicos Cinematográficos y Audiovisuales, ubicada en el barrio Bellavista, sostuvieron que la policía no tiene derecho a apoderarse del material de "Newen Mapu Che" –el proyecto FONDART de la realizadora- ni menos a utilizar los materiales fílmicos como información de inteligencia, y consideraron insuficiente el planteamiento de la ministra de Cultura Paulina Urrutia acerca de que Fiscalía pedirá a la Cineteca Nacional respaldar esos materiales.

Ni los canales de televisión ni medios de circulación nacional asistieron el pasado sábado 17 de marzo al encuentro con la prensa de ADOC, convocado para entregar un fuerte respaldo público a la cineasta Elena Varela, detenida mientras realizaba el documental sobre la lucha del pueblo mapuche. Entre los convocantes a apoyar a la realizadora también estuvieron la Asociación Gremial de Trabajadores del Audiovisual y el Cine de la Araukanía

Trailer del Documental "requisado"

La documentalista Elena Varela (compositora y gestora cultural, con formación de Cine y periodismo en la Universidad Arcis), licenciada en música y titulada en la Universidad de Chile, y fundadora de la Orquesta Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli, permanecerá detenida por seis meses en "prisión preventiva" en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua por decisión de la jueza de garantía Andrea Urbina. Siguiendo el modelo implantado por los jueces del sur con los presos políticos mapuche, la magistrada acogió la petición del fiscal, prolongando su prisión mientras investiga la autoría intelectual de los hechos que le imputan, cometidos en junio de 2005. Articulo COMPLETO AQUI

¿Evidencias o pretextos?

INTERPOL ha certificado que los ordenadores ocupados en el sitio donde fue ultimado Raúl Reyes no fueron trucados: ¿Quién certifica a INTERPOL?

Se trata de tres ordenadores, dos discos duros externos, y tres llaves o memorias USB, ocupadas el primero de marzo durante la incursión de las fuerzas armadas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y que, presumiblemente pertenecieron a Raúl Reyes, integrante del alto mando de la organización guerrillera.

Las dudas comenzaron en el momento en que el gobierno colombiano entregó las presuntas evidencias e INTERPOL aceptó el cometido, a pesar de que expresamente sus estatutos le prohíben involucrarse en asuntos de naturaleza política o militar. Así comenzó un procedimiento irregular e insólito, en virtud del cual, en un delicado diferendo internacional, se da por bueno el dictamen de una organización dedicada a perseguir delincuentes, sin crédito en materia informática, ni mandato para resolver litigios internacionales.

No se trata sólo de poner en duda el informe de INTERPOL, sino de cuestionar toda la gestión por carecer de seriedad y estar viciada de origen. Nadie sabe por qué INTERPOL aceptó como evidencia artefactos que no fueron ocupados por ella, cuyo origen no le consta y respecto a los cuales se han violado escandalosamente los requisitos de la cadena de custodia.

Por medio de la televisión y el cine, las personas están familiarizadas con la escrupulosidad con que las organizaciones policiales, los investigadores, los forenses y los expertos en diversas disciplinas, se esmeran para preservar la escena de los sucesos criminales y su celo para dejar constancia fotográfica o fílmica de cada evidencia, huella, fragmento o artefacto y sobre todo, documentar el modo en que son ocupados, etiquetados, sellados y trasladados, única posibilidad de que una corte o un juez respetable las acepte como elemento incriminatorio.

Esas precauciones obedecen, entre otras razones, a la extendida práctica de “sembrar evidencias” en la que participan tanto los delincuentes, el crimen organizado, como los políticos, policías, detectives o agentes corruptos. La observancia de la cadena de custodia es la “prueba de las pruebas.”

El affaire se complica ahora porque se trata de lo que pudiéramos llamar delitos o experticias informáticas, una especialidad novedosa, relativamente subjetiva y para nada de exactitud milimétrica. Precisamente entre los delitos informáticos más frecuentes figuran los atentados a la integridad de equipos de computación, bases de datos, archivos y sistemas computarizados, sobre todo para falsificarlos y alterar su contenido. Según expertos, del mismo modo que no se ha inventado todavía el modo seguro de borrar un archivo después de creado, tampoco se ha logrado impedir que sean adulterados.

¿Cómo sabe INTERPOL que los ordenadores entregados por Colombia pertenecían a Raúl Reyes? ¿Si no lo puede afirmar a quién incrimina su informe? ¿Qué ocurrió con los ordenadores entre el día primero y el 3? ¿Quién o quiénes los custodiaron o manipularon antes de llegar a manos de INTERPOL y para qué? ¿Quién en INTERPOL firmó las actas donde se debería, con todo detalle, dar cuenta de las acciones realizadas para arribar a las conclusiones divulgadas? ¿Dónde están las fotografías o las cintas de video del momento de la ocupación y de las acciones posteriores realizadas con los equipos?

No basta con que una persona escriba en su computadora que Hugo Chávez y Rafael Correa son sus amigos para que en realidad lo sean. También Venezuela pudiera enviar a INTERPOL un ordenador donde un funcionario colombiano muerto rebele que Álvaro Uribe es un asalariado de la KGB o de la CIA. Cualquiera puede escribir lo que le plazca de quienquiera sin que ello constituya evidencia de nada.

En realidad el affaire de los ordenadores, más que una evidencia criminal, parece una cortina de humo, una torpe maniobra, destinada a desviar la atención del único hecho objetivo y probado y de máxima gravedad, que es la incursión de tropas de Colombia en territorio de Ecuador y la ejecución extrajudicial de un grupo de personas por tropas que se tomaron la justicia por su mano.

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