Para el mundo entero está claro que el paramilitarismo en Colombia es parte integral de una política de Estado, que tiene como misión desarrollar de manera encubierta las operaciones de eliminación física de los opositores del sistema, encubriendo al Estado y protegiéndolo de los riesgos políticos que estos delitos implican contra su legitimidad.
La diferencia de este gobierno con los anteriores ha sido su afinidad con el paramilitarismo. Desde mucho antes de llegar a la presidencia a Uribe se le han conocido sus amistades y proximidades territoriales con los paramilitares. El fenómeno de la para-política, no es otro que la expresión de apoyo de los paramilitares a la elección y reelección suya, así como de todos los políticos, hoy presos, afines con Uribe y con el interés paramilitar.
El proceso de Ralito, las favorabilidades de la ley de justicia y paz, no son más que una estrategia de limpiar de culpas a los paramilitares de los centenares de masacres y los miles de crímenes contra la población indefensa.
Pero Uribe ha llegado más lejos, nadie se esperaba que desconociera la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha negado al paramilitarismo la posibilidad de ser considerado sedición. Ahora pretende pasar por encima del poder Judicial, inventándose otras argucias para tratar de equiparar la insurgencia con el paramilitarismo.
El derecho internacional establece que el delito político son hechos punibles que implican un ataque contra la organización política fundamental del Estado. A quienes realizan dichos ataques la jurisprudencia los define como "delincuentes por convicción", y se los considera rebeldes porque están alzados en armas para cambiar las estructuras políticas y jurídicas de un Estado.
No existe ningún hecho en la historia de este conflicto, desde el año 1981, donde un grupo paramilitar hubiese atentado contra la organización política del Estado, sino todo lo contrario, ha sido un defensor más del régimen imperante, o como ellos mismo lo dicen, trataron de llenar el vació del Estado, y de qué manera.
Los nexos del paramilitarismo con las fuerzas armadas del Estado, terminan de reforzar esta verdad. Ramón Isaza así lo corrobora, pues recibió todo tipo de apoyo de un General de la República como Faruk Yanine Díaz, y con él sigue la larga lista de generales que están implicados en denuncias reales: Harold Bedoya, Rito Alejo del Río, Martín Orlando Carreño, y otros que la historia terminará por sacar a la luz pública, tal como aconteció en Argentina y Chile.
Pretender equiparar la Insurgencia con el Paramilitarismo, es lo mismo que equiparar el delito político con el común.
Los gobiernos anteriores a Uribe, por lo menos mantuvieron distancia en este punto, el paramilitarismo ha sido considerado un delito común, pues quienes actúan como tales lo hacen como defensores del establecimiento, apoyados por éste en contra de la sociedad o parte de esta que es opositora al Estado. A más de lo anterior todos sus jefes actuaron y actúan movidos por intereses particulares y no por convicciones o compromisos ideológicos. La mayoría compraron franquicias de grupos armados para defender su negocio de narcotráfico, todos ellos disponen de inmensas fortunas personales y familiares.
Su actuación, los asesinatos entre ellos mismos, la carencia de un mando responsable, su ausencia de ética los separa un abismo de los revolucionarios.
En el ELN no existe ninguna fortuna personal, existe un mando responsable y encarnamos un proyecto político de cambios para Colombia.
Uribe en la pretención de darle estatus político al paramilitarismo, optó por favorecer a los criminales y condenar a las víctimas.
Con la fuerza moral que existe en Colombia, por más imposiciones que quiere hacer Uribe, seguirá el rechazo a su política; las víctimas del paramilitarismo y el terrorismo de Estado seguirán clamando hasta que la historia las reconozca. El mundo ha definido un camino que reivindica a los pueblos contra la barbarie, este no puede ser otro que el camino de la verdad, la justicia y la reparación.
Montañas de Colombia
Agosto 30 de 2007
Comando Central ELN
Soy libre... ...puedo elegir el banco que me exprima; la cadena de televisión que me embrutezca; la petrolera que me esquilme; la comida que me envenene; la red de telefonía que me time; el informador que me desinforme; y la opción política que me desilusione. Insisto: ...Soy libre.
18 octubre 2007
XXII ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CÓRDOBA, 13, 14 y 15 de Octubre de 2007

CONFERENCIA DE PRENSA
JUEVES 18/10 - 11hs
CASONA MUNICIPAL - Córdoba, Argentina
Desde la Comisión Organizadora del XXII Encuentro Nacional de Mujeres, denunciamos y expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión ejercida en la madrugada del día jueves 18 por la Policía de la Provincia de Córdoba sobre las 500 mujeres que esperaban en la Estación Mitre de la ciudad de Córdoba, junto a sus hijos/as, la salida de la formación del tren de Ferrovías hacia Buenos Aires, con cuatro horas de demora.
Las mujeres, que habían tenido que esperar dos días después de finalizado el Encuentro Nacional de Mujeres al que habían venido por no tener recursos para viajar por otros medios, estaban desde hacía cinco horas con sus niños/as en la calle, sin tener respuestas de la Empresa ni comida o resguardo para ellas/os.
Cuando finalmente llegó el tren, se abrió el acceso a la estación y las mujeres se dirigían con niños/as y bolsos para subir, la policía inesperadamente descargó una brutal represión con golpes, patadas y gases sobre las mujeres, niñas/os que viajaban y sobre las compañeras de la Comisión Organizadora que se encontraban en el lugar. Las mujeres debieron ser atendidas por dos ambulancias de un servicio de emergencia, que constataron las lesiones.
Sostenemos que ésta es una expresión más de la represión ejercida desde el Estado y los gobiernos sobre la organización y protesta social, una de las cuestiones tratadas al interior del propio Encuentro Nacional.
Exigimos a las autoridades responsables las explicaciones y sanciones del caso.
COMISIÓN ORGANIZADORA
XXII ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
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Putin denuncia intentos de abortar su reciente visita a Irán

Moscú, 18 de octubre - La información de que había un plan para asesinar a Putin durante su permanencia en Teherán era "un intento de abortar la visita", afirmó el propio presidente ruso en una sesión de preguntas y respuestas con sus conciudadanos. Putin deploró el hecho, al afirmar que "es perjudicial para la comunicación internacional". "El diálogo directo con los jefes de Estados, en torno a los cuales se han acumulado ciertos problemas, siempre resulta más productivo y supone un camino más breve hacia el éxito que la política de amenazas, sanciones, por no hablar ya de una solución militar", declaró el líder ruso. Rusia "ha construido y seguirá construyendo relaciones de buena vecindad" con Irán y desarrolla con él importantes proyectos de cooperación en el sector energético, incluida la energía nuclear, de modo que era necesario conversar estos temas al más alto nivel, recordó Putin.
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