¿Qué es la “libertad de Enseñanza? *

Chile se vio conmovido por el potente y justo movimiento de los estudiantes secundarios. Mucho se ha escrito y dicho. Variados sectores, algunos mostrando un cinismo de antología, lo aplaudieron y entregaron su adhesión.

Entre sus reivindicaciones estuvo exigir la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), es decir, poner fin a la educación como un negocio, terminar con la “libertad de enseñanza”. Este planteamiento nos trae a la memoria hechos ocurridos en nuestro país en circunstancias muy diferentes, hace 134 años.

Gobernaba el liberal Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876), llegado a La Moneda en brazos de una poderosa coalición liberal-conservadora. Ocupó la cartera de Justicia, Culto e Instrucción Pública el conservador Abdón Cifuentes, defensor de la “libertad de enseñanza”. Dictó, con fecha 15 de enero de 1872, un decreto cuyo artículo 1º decía: “Tanto los exámenes de los alumnos de los colegios nacionales como particulares se rendirán en sus respectivos establecimientos y serán válidos para optar a los grados universitarios”. Esto significaba liberar de la tutela del Estado a los colegios privados, que dependían en su mayoría de congregaciones religiosas.

El anterior decreto, de 27 de octubre de 1843, entregaba a los profesores del Instituto Nacional el tomar exámenes a los alumnos que cursaban estudios en establecimientos particulares. El decreto de Cifuentes también facultaba a los colegios particulares para adoptar planes de estudios propios y los métodos de enseñanza y textos que creyeran necesarios.

Liberales y radicales atacaron el ordenamiento de Cifuentes por estimar que las garantías que contenía eran ilusorias, y porque el principio del Estado docente no sólo era una doctrina liberal sino un precepto de la Constitución Política. Argumentaban que la enseñanza entregada a manos de los particulares encerraba el peligro de destruir la identidad cultural nacional.

FRAUDES DE ENTONCES

Muy pronto fueron conocidos los fraudes y los muchos abusos cometidos por algunos establecimientos particulares bajo el alero de la “libertad de enseñanza”.

Por entonces estaba planteada la pugna entre Estado docente y libertad de enseñanza, que poco a poco fue envolviendo a diversos sectores de la sociedad de la época. Abdón Cifuentes era el paladín de la libertad de enseñanza. Hablaba de “la aduana inquisitorial de los estudios”; sostenía que “monopolizar la enseñanza en manos del Estado es atribuir a éste su dirección exclusiva, es oprimir a la vez la razón y la conciencia de los ciudadanos”.

Por su parte, el radical Valentín Letelier afirmaba que “un Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección de la enseñanza pública. Para el sociólogo y para el filósofo, bajo el aspecto moral, gobernar es educar, y todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema político”.

Colocada así la cuestión ideológica, dos personajes protagonizaron una famosa polémica. Fueron el ministro Abdón Cifuentes y el historiador Diego Barros Arana, entonces rector del Instituto Nacional. Los hechos se sucedieron con rapidez. El ministro destituyó a Barros Arana. Este respondió publicando un artículo, “Mi destitución”, donde acusaba a Cifuentes de retrógrado y defendía apasionadamente los logros del Instituto Nacional, especialmente en la fiscalización de los exámenes y la enseñanza de los ramos científicos, en contra de los cuales estaban los conservadores.

AYER QUE PARECE HOY

Los estudiantes salieron a la calle. Se produjeron incidentes, uno de los cuales terminó con el apedreamiento de la casa del ministro Cifuentes. La policía intervino con violencia para “restaurar el orden”.

En la Cámara de Diputados, el radical Guillermo Antonio Matta interpeló al ministro Cifuentes y propuso su censura, dando motivo a uno de los debates más virulentos de la época. Todos los participantes eran magníficos oradores. Por la censura hablaron Miguel Luis Amunátegui, José Manuel Balmaceda e Isidoro Errázuriz; en contra, Máximo Ramón Lira, Zorobabel Rodríguez y José Clemente Fabres.

No se aprobó la censura porque habría significado la caída del gabinete. Pero se logró un acuerdo de enorme importancia para la educación chilena: la Cámara debía abocarse a la discusión de un proyecto de ley que rigiese de manera estable la enseñanza secundaria y superior. En la práctica, fue una censura al ministro Cifuentes. Este se vio obligado a renunciar y en su reemplazo se nombró a un liberal moderado, José María Barceló.

A partir de ese momento, se consolidó la doctrina del Estado docente quedando en claro que la educación era la función más importante que correspondía asumir al Estado. La salida del ministro Cifuentes tuvo como consecuencia el rompimiento de la coalición oficialista. Los conservadores abandonaron el gobierno.

Han pasado 130 años. El Estado docente, defendido por las organizaciones del magisterio prevaleció hasta 1973. La dictadura de Pinochet asestó duros golpes a la docencia. Uno fue la municipalización de la educación a través del decreto de 3 de junio de 1980; otro, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada el 10 de marzo de 1990, a pocas horas de que el dictador abandonara La Moneda.

Nada han hecho los gobiernos (…)
Autor: IVAN LJUBETIC VARGAS

tomado de: http://www.puntofinal.cl/