SCD: LEY ABUSIVA PARA TODOS

Hace tiempo ya que los artistas de la SCD y sus campañas desinformativas me venían hinchando las gónadas. Sin embargo lo que ocurrió este martes simplemente se salió de toda madre.

Como sabrán, en 2007 el gobierno llamó a una mesa donde empresas, artistas y ciudadanos -representados por diversas organizaciones- discutieran los cambios a nuestra Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Una reforma imprescindible tomando en cuenta que sus normas datan de 1970, cuando retroceder un casete con lápiz BIC se habría considerado tecnología de punta.

(Literalmente)

Y podríamos decir que las cosas marchaban relativamente bien. Los artistas y empresas estaban logrando un texto que resguardaba sus intereses económicos (hasta cierto punto), mientras la ciudadanía recuperaba su derecho a hacer uso legítimo de la cultura (…también hasta cierto punto).

Pero entonces sucedió algo que rompió todo el esquema. En un sorprendente artículo cargado de arrogancia, la propia SCD desveló un acuerdo firmado en agosto que no sólo alineaba al gobierno con sus intereses, sino que lo comprometía a no apoyar iniciativa alguna que contraviniera sus aspiraciones.

Curioso concepto de hacer diálogo: conversemos para aunar criterios… pero la decisión la tomé por secretaría.

Ahora, no pienso revisar punto por punto del acuerdo pues la ONG Derechos Digitales y los chicos de Liberación Digital ya lo hicieron en forma notable, pero déjenme darles 4 ejemplos prácticos del tete en que nos metió Sor Teresita de Los Andes:

1) Se eliminan excepciones para uso educacional y personal

¿Recuerdan cómo en el colegio o la universidad el profesor nos dejaba el capítulo de un libro en la fotocopiadora para el próximo certamen? Bajo la nueva normativa ello es ilegal, teniendo los autores derecho a exigir algo tan absurdo como que el establecimiento compre un libro por alumno o bien cada estudiante pague un ejemplar (como si la educación no fuera bastante cara).

Más aún: ni siquiera esa selección de canciones que regalas en un CD a tu polola o la música de fondo en un trabajo escolar serán legítimas, como sí sucede en EEUU bajo las políticas de “fair use“.

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