Chile es un país que vive demasiado próximo de su pasado. Los procedimientos que impuso de manera cruda y brutal hace algunas décadas la dictadura militar todavía penan.
Por eso, la cobertura mediática de la detención de dirigentes mapuche y las declaraciones de autoridades del Estado chileno, además de evocar por su dureza ese siniestro período histórico, generan inquietud.
La ciudadanía debe tener garantías de que los métodos de un Estado gobernado por la coalición, que se representa como de centro-progresista, están completamente exentos de los mecanismos reflejos y las mentalidades que generaron durante la dictadura las violaciones a los derechos humanos. Habría que disipar toda sospecha al respecto, a saber: si el Gobierno respeta el derecho de los pueblos originarios a vivir en paz y decidir libremente de su futuro.
Urge al mismo tiempo saber si después de siglos de discriminación el Estado chileno brinda al pueblo mapuche los medios necesarios para que pueda defender lo que la Convención sobre la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO —que acaba de entrar en vigor tras la ratificación de por lo menos 30 países entre los cuales se cuenta Chile— promueve, es decir, la preservación de la diversidad etno-cultural de los pueblos frente a la globalización aplanadora del capitalismo neoliberal y su dominante anglosajona. (*)
Porque los rumores corren de que un cerco militar y represivo se ha instalado como una tenaza de hierro en torno de algunas comunidades mapuche al sur de la VIII Región. Que en la zona se practicaría de manera camuflada el ‘perfilaje’, los allanamientos, el control de identidad y el encarcelamiento preventivo. Que la pobreza, lejos de disminuir después del informe Stavenhagen, ha aumentado en las comunidades.
De las informaciones recientemente publicadas acerca de los dirigentes y luchadores del pueblo mapuche detenidos se desprende que se les trata como delincuentes políticos. A tal representación mediáticamente construida, se añaden las frasecitas rimbombantes de la parada cotidiana del Poder: “Se pone fin a una historia”, habría declarado el subsecretario del Interior Felipe Harboe (PPD). A la que se agregan otras, salidas del arsenal retórico legal-represivo de fiscales judiciales y oficiales de carabineros.
¡Cómo si el Estado tuviera el derecho de ejercer a su antojo la violencia real y simbólica!
El enunciado del alto funcionario del Ministerio del Interior pareciera sugerir el desconocimiento de la Historia de la fundación de su propio Estado. Historia de violencia fundadora legitimada en gran medida por el aparato legal con la ayuda de la narrativa dominante de los vencedores.
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