La revista Punto Final (PF) libra una titánica batalla legal contra el Estado de Chile en favor del periodismo independiente. En febrero –mes que en Chile se conmemora el Día de la Prensa (13)–, la publicación sentó en el banquillo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a tres ministros de estado para que expliquen por qué los gastos de publicidad del gobierno en prensa escrita favorecen casi exclusivamente al duopolio que controla hasta el 95% de los diarios del país: la cadena El Mercurio, de Agustín Edwards Eastman, y Copesa-La Tercera, de Álvaro Saieh Bendeck.
El TLDC citó a declarar por oficio a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco; Justicia, Carlos Maldonado; y Planificación, Paula Quintana, para que respondan a varias preguntas del abogado de PF, Alberto Espinoza Pino. La cuestión clave es por qué esos tres ministerios –al igual que el resto de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y Carabineros– contratan su publicidad preferentemente con los diarios de Edwards y Saieh.
Esta batalla por los derechos del periodismo independiente al avisaje estatal cobra bríos precisamente cuando recrudecen los despidos de periodistas en grandes medios de comunicación como los canales Televisión Nacional y La Red, y los diarios La Tercera y El Mercurio, entre otros. Los periodistas conmemoran el Día de la Prensa con la consigna ¡No a los despidos!, en defensa de las fuentes de trabajo.
“Esta es la primera vez que una publicación demanda al Estado y lo acusa dediscriminar a la prensa independiente en la distribución del avisaje fiscal, devulnerar las normas de la libre competencia y de restringir las posibilidades dedesarrollo del pluralismo informativo en la prensa nacional”, dijo Manuel Cabieses, director-fundador del quincenario desde su aparición en 1965.
Desde que el TDLC acogió la demanda –el 29 de julio de 2008– se han efectuado ocho audiencias públicas. Pero estos acontecimientos han sido ignorados en la cobertura de noticias de los grandes medios, excepto algunos periódicos electrónicos también independientes. Este juicio, sin precedentes en la democracia chilena, se desarrolla casi clandestino, aunque fue acogido unánimemente por todos los ministros del Tribunal: Eduardo Jara Miranda, presidente; Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares y Julio Peña Torres.
“El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile”, afirmó la demanda de PF.
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