Hay, por lo menos, dos colombias. Una que marchó y otra que no. Una que votó y seguiría votando por mantener a un paramilitar y narcotraficante como Álvaro Uribe en la presidencia, y otra que continuará oponiéndosele, a pesar de que le asesinen a sus hijos, le roben sus tierras o la dejen sin trabajo.
Hay una Colombia de sentimientos patrióticos virtualizados, muchachos y muchachas de “bien” que a diario se indignan, a través de Facebook, de la violencia nacional, mientras envían a sus listas de correos y círculos de amistades electrónicas, razones por las cuales sentirse orgullosos de lo que creen que es Colombia: Juanes, Shakira y Montoya.
En la otra Colombia hay por lo menos sesenta mil familias que aún esperan que los paramilitares amigos del gobierno mafioso de Uribe les digan dónde enterraron los pedazos mutilados de sus víctimas. En qué fosa común, de qué hacienda, de cuál congresista uribista, están los despojos de miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños que hacían parte de la otra Colombia, la que no marchó.
Como tampoco marcharon los campesinos asesinados por la Brigada Móvil número XV del ejército colombiano, que según contó uno de los propios asesinos a la Procuraduría General de la Nación, el sargento Alexander Rodríguez, eran tiroteados para hacerlos pasar por guerrilleros y reclamar cinco días de descanso por cada muerto.
La Colombia de las universidades privadas, de los empleos bien remunerados en almacenes, compañías, centros comerciales, bancos y empresas prósperas de la mafia, la Colombia propietaria, la que dice poder viajar ahora por carretera en sus camionetas blindadas a visitar sus fincas de recreo en tierras exclusivas del país, robadas a campesinos o a indígenas y hoy custodiadas por paramilitares, esa Colombia si marchó.
Los jóvenes de barrio que reciben clases en las universidades públicas, con un pasaje de bus en el bolsillo y un desayuno casero en el estómago, los chicos y chicas que han leído más de un buen libro sobre la historia y el origen de nuestra violencia, los que insisten en la democracia participativa y los cambios estructurales de un país tomado por el paramilitarismo, los que no le comen cuento ni a Uribe ni a sus asesores cínicos, esos no marcharon.
En mi tierra, la Costa Atlántica, los uribistas pretendieron aprovechar la asistencia del pueblo a la programación multitudinaria del Carnaval de Barranquilla, para hacerle creer a los navegantes de internet que esa manifestación cultural centenaria y rica era producto de sus convocatorias virtuales. Pero sólo pudieron hacer un rápido y deslucido desfile de carros lujosos, de electores de Uribe que suspendieron la parranda por quince minutos, y salieron a darle una vuelta a la cuadra, a sonar sus bocinas y tomarse una foto con el teléfono celular para montarla en los portales de “Facebook” y decir que “millones de colombianos marcharon”.
Pero hubo una Colombia, entre estas dos de las que he hablado, que también marchó, para exigir la solución política negociada al conflicto armado, un intercambio humanitario de prisioneros, y la paz con justicia social que mantiene en armas a otra Colombia. Y que si esa otra Colombia armada salió a marchar, lo hizo por las montañas y las selvas del país, a combatir, como lo hacen a diario, a mercenarios gringos, a oficiales y soldados, compatriotas cuya única alternativa de trabajo remunerado ha sido la guerra; y a los nuevos paramilitares que negociarán con Uribe nuevos beneficios, en un ya lanzado tercer mandato.
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