Al igual que a muchos que pensamos que el diálogo y no la represión debe sustentar a toda sociedad democrática, me ha sorprendido la forma en que las fuerzas policiales han reprimido las manifestaciones que distintos movimientos sociales –entre ellos estudiantes, pobladores y mapuches- han desarrollado en los últimos meses en reclamo por derechos que sienten conculcados. Las imágenes de televisión dan cuenta de la actuación desmedida de carabineros frente a ellas, hayan mediado o no hechos de violencia, afectando no solo a los manifestantes, sino también a quienes, por cualquier razón, se encuentran en el lugar de los hechos. La mayoría de las marchas ciudadanas han concluido con detenidos, llegándose a contabilizar la semana pasada la exorbitante cantidad de 700 de ellos.
Dos son los argumentos invocados por la autoridad para avalar el uso de la fuerza policial frente a estas manifestaciones; el no haber sido autorizadas por ellas, y el uso de la violencia por parte de los manifestantes. La primera argumentación, utilizada casi rutinariamente, resulta poco consistente en un gobierno que se ha definido como “de los ciudadanos”. Nadie niega el derecho que estas tienen a regular el ejercicio de este derecho de modo de no afectar actividades laborales u otras que podrían verse afectadas. Ello, sin embargo, no puede llevar a la autoridad, como ocurrió en Temuco hace un par de semanas, a disolver violentamente una marcha mapuche, antes siquiera de que comenzara, so pretexto de evitar daños en la vía pública, negando con ello el ejercicio de este derecho ciudadano.
Respecto a la segunda argumentación, cabe reconocer que es efectivo que la violencia ha sido utilizada en varias –no todas- de las manifestaciones aquí aludidas, generalmente por parte de algunos sectores en ellas participantes. Ello resulta, sin duda, condenable. Compete a la autoridad, sin embargo, una reflexión más profunda sobre este fenómeno, y sobre la forma en que este hecho debe ser abordado desde el estado, que es el encargado de velar por el bien común y la convivencia ciudadana.
Debe preguntarse la autoridad si desde la perspectiva de los derechos humanos, a los cuales el gobierno adhiere, resulta adecuado el uso que carabineros ha hecho de la fuerza en dichas manifestaciones, muchas veces de manera más enérgica que por parte de los mismos manifestantes. Debe también preguntarse la autoridad, si ella es conducente como estrategia para garantizar la convivencia ciudadana y el orden público.
Debe preguntarse, además, que lleva a los manifestantes, en particular a los más jóvenes, a hacer uso de la violencia en estas manifestaciones, y si ello no es una señal que de cuenta de otras realidades más profundas –ausencia de mecanismos reales de participación social y política, exclusión de su voz en los medios de comunicación, impotencia frente al actuar de los poderosos grupos empresariales, marginación económica, por mencionar solo algunas- que deben ser atendidas con urgencia de modo de abordar este fenómeno.
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