Los estudiantes están desafiando al neoliberalismo donde las injusticias son más evidentes: en la desigualdad de la educación. La calidad de ésta se encuentra reservada para los hijos de las familias más ricas de Chile. La escuela privada dispone de los mejores profesores y de la mejor infraestructura, asegurando buenos resultados académicos, lo que permite a sus egresados acceder a la Universidad Católica y a algunas universidades privadas del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo. Ello les asegura a los dueños del Poder Económico y de parte del Poder Político, por un lado, que sus hijos vean el mundo acríticamente; y, por otro, que sus descendientes adquieran el máximo de capacidades instrumentales para así administrar un sistema económico y político en el que predominan el individualismo, las desigualdades y la ganancia empresarial.
En cambio, el Estado se ha hecho cargo de la ampliación de la cobertura. Le ha correspondido la tarea de la educación para los estudiantes pobres y de sectores medios, a través de las municipalidades y de los subsidios a sostenedores de las escuelas privadas. Esta educación, que recibe al 90% de los niños chilenos sirve, en realidad para muy poco. La limitada infraestructura, la escasez de alimentación, el desinterés de sostenedores inescrupulosos, las debilidades de los municipios, las condiciones materiales y culturales de los hogares pobres e incluso el maltrato de los micreros, son factores que impiden que las desigualdades de origen entre niños pobres y ricos puedan reducirse a través de la educación. Todo esto se amplifica con la inversión anual de $ 300.000 por estudiante que hace el Estado contra los $ 1.400.000 que realizan los padres ricos en sus propios hijos. Y como el Ministerio de Educación y las municipalidades no han sido particularmente eficientes, las debilidades de la enseñanza con financiamiento público se ven acrecentadas.
Así las cosas, al terminar la enseñanza media los jóvenes provenientes de la educación municipalizada tendrán bajos puntajes en la PSU, ingresarán a universidades de baja calidad, estudiarán profesiones sin demanda en el mercado y se convertirán en desocupados. En el mejor de los casos serán empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que llegarán a ser ejecutivos de empresas gracias a sus estudios de calidad en Chile y en el extranjero. El futuro de nuestros niños se encuentra definido de antemano. Se juega con cartas marcadas.
La derecha protege el negocio de la educación que inventaron los economistas de Pinochet y lo consagraron en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Pero, los gobiernos de la Concertación han sido incapaces de enfrentar la desigualdad de la educación y no ha mostrado voluntad política para erradicar esa ley de amarre que significa la LOCE, dejándola excluida de las reformas constitucionales que impulsó Lagos a finales de su gobierno. Y dieciséis años es mucho esperar cuando la clase política y sus economistas se autocomplacen de tanto éxitos económicos, avances sociales y de una fluida transición política.
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